No hay semana en la que os hablemos del cierre de un servicio IPTV pirata. Y es que los propietarios de los contenidos protegidos que se distribuyen de forma ilegal a través de estos canales ilícitos están consiguiendo golpear muy fuerte a un sector que mueve millones cada año. Que se lo digan a los cuatro propietarios de un servicio de este tipo y que han sido condenados a más de 10 años de cárcel en total.
Tres hombres y una mujer que fueron acusados de fraude por ofrecer contenidos de plataformas como Sky o BT Sport a través de IPTV pirata acaban de ser condenados a más de 10 años de prisión. Además, se han incautado bienes en virtud de la Ley sobre el producto del delito.
Un proceso que comenzó el 11 de septiembre de 2018 y en el que dos personas fueron arrestadas por ofrecer transmisiones de televisión no autorizadas a través de servicios IPTV pirata. Los informes indicaron que dos personas, un hombre de 41 años y una mujer de 30 años, habían sido arrestadas bajo sospecha de delitos en virtud de la Ley de Derechos de Autor, Diseños y Patentes de 1988 y lavado de dinero.
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Una condena histórica contra la distribución de IPTV pirata
Además, fue una operación conjunta con Europol, que anunció que había detenido a otras cuatro personas en Irlanda y que estaban relacionadas con este servicio IPTV pirata. Ahora, comenzamos a conocer las sentencias realizadas en Reino Unido y está claro que, ofrecer contenidos protegidos por derechos sale cada vez más caro.
De esta manera, y a través de un comunicado de prensa, la Oficina de Normas Comerciales del condado, en colaboración con la FACT y la Oficina Nacional de Normas Comerciales han informado que el pasado 18 de marzo fueron condenadas cuatro personas por cargos relacionados con la transmisión ilegal de material protegido por derechos de autor, como Sky Sports y BT Sports, y el blanqueo de los beneficios de esta actividad ilegal.
En virtud de la Ley sobre el producto del delito de 2002, se decomisaron además las cuentas bancarias de los cuatro acusados para pagar la indemnización correspondiente (de la que no se ha indicado la cantidad)
Y es que en esta operación contra la piratería en Reino Unido se descubrió que Keiran Collins se había beneficiado de la suma de 329,239.51 libras esterlinas, Amanda Collins se había beneficiado de la suma de 80,000 libras esterlinas y Robert Kurian se había beneficiado de la suma de 21,039.06 libras esterlinas. Entre todos suman una pena de cárcel que supera los 10 años de prisión.
- Michael James Simmonds – 45 años de edad de Bridge Road, Bursledon, sentenciado bajo la Sección 9 de la Ley de Fraude de 2006 (Participar en negocios con un propósito fraudulento) y la Sección 327 de la Ley de Productos del Delito de 2002 (Lavado de Dinero): 5 años 6 meses de los cuales deberá cumplir la mitad de la pena bajo custodia y el resto en régimen de libertad condicional.
- Kieran Collins – 38 años de edad de Beccles Road, Great Yarmouth, sentenciado bajo la Sección 9 de la Ley de Fraude de 2006 (Participación en negocios con fines fraudulentos) y la Sección 327 de la Ley de Productos del Delito de 2002 (Lavado de Dinero): 3 años de prisión que deberá cumplir la mitad de la pena bajo custodia y el resto en régimen de libertad condicional.
- Amanda Collins – 37 años de edad de Beccles Road, Great Yarmouth, sentenciada bajo la Sección 327 de la Ley de Productos del Crimen de 2002 (Lavado de Dinero): 18 meses de prisión, pena que queda suspendida si realiza 200 horas de trabajo no remunerado
- Robert Kurian – 46 años de Mascalls Way, Chelmsford, sentenciado bajo la Sección 327 de la Ley de Productos del Crimen de 2002 (Lavado de Dinero): 8 meses de prisión suspendida si realiza 180 horas de trabajo no remunerado
El concejal Edward Heron, miembro ejecutivo del Consejo del Condado de Hampshire para actividades recreativas, patrimonio y asuntos rurales, dijo: «Nuestros funcionarios de normas comerciales actúan en muchas áreas, y a menudo trabajan en colaboración con otros organismos, poniendo en común sus conocimientos y habilidades para detectar y perseguir a quienes tratan de estafar a los residentes de Hampshire. Esta exitosa persecución en colaboración con FACT ha contribuido a garantizar el apoyo a los proveedores legítimos de contenidos digitales y, sobre todo, a proteger a los consumidores de la descarga de contenidos no regulados». La distribución ilegal de contenidos presenta riesgos importantes, como que los niños se vean fácilmente expuestos a contenidos explícitos o inadecuados para su edad, así como que las personas se vean expuestas a programas informáticos malintencionados y que sus datos se utilicen de forma indebida. Otros peligros podrían incluir la seguridad eléctrica si los dispositivos de transmisión adaptados no cumplen las importantes normas requeridas».
Sin duda, un duro golpe para este tipo de plataformas y que deja claro que ofrecer contenidos protegidos a través de servicios IPTV pirata sale cada vez más caro.
