El grupo antipiratería sueco Rights Alliance ha anunciado el procesamiento de un hombre que supuestamente está detrás del servicio de IPTV pirata ‘Ghost Farmer TV’. El caso es uno de varios iniciados en Suecia en los últimos años, pero parece que para los titulares de los derechos unas cuantas acusaciones no son suficientes. Anteriormente conocida como Svenska Antipiratbyrån (Agencia Sueca Antipiratería), la ahora llamada Rights Alliance ha estado en la primera línea de la guerra de Suecia contra la piratería durante casi 25 años. Pero ahora quieren ir un paso más allá y proponen arrestar a los usuarios de los servicios IPTV piratas.
Aunque generalmente la lucha contra la piratería se ha centrado más en las organizaciones o grupos que hay detrás de estos servicios, lo cierto es que en los últimos meses esta lucha parece haber virado para apuntar directamente a los usuarios. Desde hace meses se habla de las multas que podrían llegar a los usuarios que utilizan estos servicios. Pero ahora Suecia quiere ir más allá y propone arrestar directamente a los usuarios de los servicios IPTV ilegales. Una propuesta que ha realizado la Rights Alliance a sus gobernantes. ¿Qué habrán contestado?
El grupo antipiratería sueco Rights Alliance propone arrestar a los usuarios de los servicios IPTV piratas
Todo esto comenzó con «el caso Ghost Farmer TV», un servicio que ofrecía acceso a una gran colección de películas y series. Rights Alliance, agencia que representa a compañías de cine y televisión locales e internacionales en Suecia, informó hace unos días de que «un hombre de Malmö está siendo procesado por gestionar el servicio de IPTV ilegal Ghost Farmer”. El sospechoso está acusado de administrar un sitio web y un panel de IPTV, brindar atención al cliente (presumiblemente en Telegram, donde todavía existe un canal en la actualidad) y transferir dinero a su propia cuenta y a intercambios de criptomonedas.
Rights Alliance afirma que el sospechoso ha confesado, pero que eso suponga una pena de prisión o una indemnización por daños y perjuicios dependerá de las circunstancias. Según comentan, parece probable que el sospechoso estuviera revendiendo suscripciones, no dirigiendo una plataforma de vídeo propia. Rights Alliance afirma que el servicio se comercializaba por correo electrónico y, según el «marketing» que han visto, también mediante publicaciones en sitios como Reddit.
Según comentan desde la agencia, las acciones que tienen un efecto real sobre la oferta de IPTV son poco frecuentes y esto no es un problema exclusivo de Suecia. Quienes se suscriben a estos servicios pueden verlo como algo positivo, pero para los principales titulares de derechos, no hacer nada rara vez es una opción. Esto puede explicar por qué los titulares de derechos en Suecia parecen estar considerando medidas controvertidas dirigidas al otro extremo de la cadena de suministro.
Y es que Rights Alliance ha enviado una carta al Ministro de Justicia sueco, Gunnar Strömmer, a través del político socialdemócrata Lars Mejern Larsson, preguntando qué piensa hacer el gobierno ante el creciente consumo de contenido pirateado. Según los documentos del Parlamento, Larsson envió la misma carta a la ministra de Cultura, Parisa Liljestrand, y a la ministra de Finanzas, Elisabeth Svantesson. Larsson habla de los efectos negativos que esto tiene sobre la industria cinematográfica y señala que los delincuentes también roban al gobierno.
Pero lo más llamativo, y al mismo tiempo polémico, es que Larsson termina su carta con la sugerencia de que, si bien los criminales escapan sin pagar impuestos, en última instancia el dedo acusador puede recaer sobre quienes les dan dinero. “Dicho con cierta dureza, cualquiera que descargue películas ilegalmente contribuye al crimen económico organizado”, señala Larsson. Lo cual sugiere que los usuarios deberían ir a la cárcel como cómplices de crimen organizado.
En su respuesta, el ministro de Justicia Gunnar Strömmer afirma que el gobierno es consciente de las consecuencias para los titulares de derechos y la sociedad en general. Señala que un cambio en la ley en 2020 que permite sentencias más severas y mayores indemnizaciones por daños y perjuicios ya ha dado resultados y que hay más procesos en marcha. Por otro lado, según Strömmer, en la mayoría de los casos, una investigación por parte de las autoridades fiscales dará lugar a la presentación de denuncias penales.
Si se combina esto con las «amplias medidas» del gobierno para combatir el crimen organizado en general, lo anterior debería tener un efecto en la oferta y el consumo ilegal de contenidos pirateados. Estas medidas deberían tener tiempo para ejercer la presión necesaria antes de emprender acciones directas contra quienes consumen contenidos de fuentes ilícitas. Es decir, el Ministro de Justicia de Suecia considera prematuro el llamamiento de los grupos antipiratería para que se empiece a perseguir a los suscriptores, pero tampoco lo descarta por completo.
Sin duda la lucha contra la piratería, y más concretamente contra las IPTV, se recrudece en todo el mundo. De momento no son muchos los países que han «ido contra los usuarios», pero veremos cómo avanza el tema con el paso del tiempo.
Fuente | TorrentFreak
Imagen de portada | Unplash
